Ley de "seguridad" ciudadana o ley "prohibido expresar tu opinión, pobretón".

Ya se venía rumoreando desde hace algún tiempo —casi tres años—, desde las primeras manifestaciones del 15M, que tanto los ayuntamientos, gobiernos autonómicos y el gobierno central planeaban una nueva estratagema en forma de ley para tener controlados los focos de manifestaciones que se estaban y están dando en nuestro país; es decir, estaban intentando encontrar un remedio a su dolor de cabeza, a su mala publicidad e intentar acallar a un pueblo descontento por los recortes, la gestión y la impunidad a los ricos y a los políticos.

Pues bien, esto se ha hecho casi realidad gracias a la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (también llamada Ley Mordaza) que ha sido aprobada el pasado 11 de diciembre en el Congreso con el apoyo en solitario del PP y entrará en vigor si se aprueba en el Senado.

Esta ley es un conjunto de normas que se está llevando en paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter leve, grave o muy grave. De esta forma se limita el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, porque el ciudadano afectado tendrá primero que agotar la vía administrativa y luego recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa que está sujeta al pago de tasas judiciales. Esas tasas, establecidas por el actual Gobierno, no existen en la vía penal y, por tanto, no se pagaban en los juicios de faltas que ahora se convierten en sanciones administrativas; es decir, se ponen más trabas a la hora de denunciar ya que ahora se tendrá que ir por la vía administrativa y luego por la jurisdicción contencioso-administrativo en las cuales —¡Oh, sorpresa!— hay que pagar las famosas tasas judiciales.

¿Monarquía o república?

"Buenos días a todos. Su Majestad, el Rey Don Juan Carlos, acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio." pronunció Rajoy aquella mañana del 2 de junio de 2014 que quedará marcada en la historia.

Y después de eso, el caos... Las redes sociales, llenas, atestadas y saturadas, comentan las palabras de Rajoy; los programas de televisión, que en ese momento emitían, se veían interrumpidos por los telediarios que informaban de esta última hora; los periódicos daban la orden de encender de nuevo las rotativas para sacar especiales sobre la abdicación, la trayectoria del Rey, la incertidumbre sobre la coronación de Felipe VI y el futuro reinado de este último; la gente en la calle no daba crédito y por sus cabezas pasaba la idea del adelanto del día de los Santos Inocentes; en el Congreso la noticia alteraba  a todos y varios ayuntamientos del país decidían cambiar la bandera institucional por la tricolor...

Esta noticia sorprendió al país entero dado que nadie se olía, ni a miles de kilómetros, que el Rey pudiese siquiera pensar en la abdicación. Sólo unas cuantas personas no eran indiferentes a este anuncio tan inesperado: el entorno familiar del monarca, el Presidente del Gobierno, el líder de la oposición y unos pocos allegados más. Nadie lo esperaba. Cuando esa mañana Mariano Rajoy Brey anunciaba una reunión y una comparecencia pública a los medios, la gente pensó que se trataría de un tema de Estado más relacionado con la posible renovación del Consejo de Ministros que con una renuncia al trono dado que el actual monarca siempre nos ha trasmitido la sensación de que nunca abdicaría (o por lo menos a mí me lo ha parecido siempre).

Ciudadanos de un lugar llamado mundo. Parte I

Ucrania, Venezuela, Siria, Egipto y otros muchos más países tienen algo en común, algo que les hace grandes y a la vez trae la muerte a sus vidas: la unión del pueblo para pedir cuentas a sus gobernantes. En estos países, los ciudadanos se han puesto de acuerdo para salir a la calle y exigir a los que dicen que velan por ellos lo que les prometieron o, simple y llanamente, la paz y la justicia que se merecen; a cambio, el poder del país ha contestado a sus protestas con represión, negativas y antidisturbios. Todo muy democrático, ¿verdad?

En pleno siglo XXI me asusta pensar que esos mismos que aclaman a la libertad, a la justicia, a la igualdad y al poder de la decisión del ciudadano sobre el país, comúnmente llamado democracia, son esos mismos que cuando las personas de a pie están descontentas con su gestión o sus acciones, son los primeros en acabar con el derecho de manifestación y tachar como sublevados, antipatriotas, fascistas, terroristas o busca pleitos a esos ciudadanos que sólo piden lo que es suyo. Bueno, lo peor de todo no es cuando tachan a los ciudadanos a los cuales gracias a sus votos están en el poder y a que se deben, lo peor es cuando tachan el derecho que los otros imploran de demagogo, antinatural o de estar politizado -já, como si pedir la igualdad entre clases, sexos o religiones fuera idea del mismísimo Lúcifer-.

Escraches, escraches everywhere.

¿Quién aquí no ha oído hablar de los famosos escraches? En el telediario están día sí y día también, por no nombrar a los políticos, que hablan de ellos sin reservarse sus opiniones sobre este tipo de manifestación. ¿Pero realmente sabemos lo que son los escraches? ¿Lo qué hacen o por qué lo hacen?

Según la Wikipedia (-¿qué haríamos sin ella?-) define el término escrache como un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Se trata de una palabra en jerga para referirse a un método de protesta basado en la acción directa, que tiene como fin que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública. En el caso de España, el reclamo de los escraches no es otro que los desahucios, las hipotecas abusivas y la vulnerabilidad de los ciudadano con respecto a los banco y su ley hipotecaria.

Entonces, si son sólo manifestaciones pacíficas, ¿por qué sueltan veneno de ellos en televisión? os estaréis preguntando, ¿no? Pues muy sencillo: los escraches están casi rozando el acoso, la coacción y la intimidación, según la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, quienes consideran delito este tipo de manifestaciones.

¿Un estado plurilingüe?

Hoy, en el telediario, ha salido la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado que si un niño pide que en su escuela que se de en español y no en catalán, se deberá de cambiar el idioma a español; es decir, que el TSJC a rechazado la atención individualizada, por lo que un aula catalana deberá enseñar en castellano si un alumno lo pide.

Mientras está noticia corría como la pólvora en los medios de comunicación y redes sociales, en el Pleno del Congreso, un indignadísimo Joan Tardá, miembro de ERC, ha sido expulsado de este mismo por intentar hablar en catalán con el argumento de que si un niño pedía que se hablase en español en su clase y se le permitía, por la misma regla de tres, si un político pedía hablar en catalán todos los demás tendrían que hacer lo mismo. Tardá se defendía de las protestas de sus compañeros de profesión con la siguiente afirmación: "Es un paralelismo con la situación actual" decía refiriéndose a la sentencia del TSJC. El portavoz del partido, Alfred Bosch, y la parlamentaria Teresa Jordà también han sido expulsados del Congreso haciendo historia: nunca antes se habían expulsado a todos los representantes de un partido en un Pleno.