Ya se venía rumoreando desde hace algún tiempo —casi tres
años—, desde las primeras manifestaciones del 15M, que tanto los ayuntamientos,
gobiernos autonómicos y el gobierno central planeaban una nueva estratagema en
forma de ley para tener controlados los focos de manifestaciones que se estaban
y están dando en nuestro país; es decir, estaban intentando encontrar un
remedio a su dolor de cabeza, a su mala publicidad e intentar acallar a un
pueblo descontento por los recortes, la gestión y la impunidad a los ricos y a
los políticos.
Pues bien, esto se ha hecho casi realidad gracias a la nueva
Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (también llamada Ley Mordaza) que ha sido
aprobada el pasado 11 de diciembre en el Congreso con el apoyo en solitario del
PP y entrará en vigor si se aprueba en el Senado.
Esta ley es un conjunto de normas que se está llevando en
paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación
de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas que con la
nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones
administrativas de carácter leve, grave o muy grave. De esta forma se limita el
derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, porque el ciudadano
afectado tendrá primero que agotar la vía administrativa y luego recurrir a la
jurisdicción contencioso-administrativa que está sujeta al pago de tasas
judiciales. Esas tasas, establecidas por el actual Gobierno, no existen en la
vía penal y, por tanto, no se pagaban en los juicios de faltas que ahora se
convierten en sanciones administrativas; es decir, se ponen más trabas a la
hora de denunciar ya que ahora se tendrá que ir por la vía administrativa y
luego por la jurisdicción contencioso-administrativo en las cuales —¡Oh,
sorpresa!— hay que pagar las famosas tasas judiciales.
