Ley de "seguridad" ciudadana o ley "prohibido expresar tu opinión, pobretón".

Ya se venía rumoreando desde hace algún tiempo —casi tres años—, desde las primeras manifestaciones del 15M, que tanto los ayuntamientos, gobiernos autonómicos y el gobierno central planeaban una nueva estratagema en forma de ley para tener controlados los focos de manifestaciones que se estaban y están dando en nuestro país; es decir, estaban intentando encontrar un remedio a su dolor de cabeza, a su mala publicidad e intentar acallar a un pueblo descontento por los recortes, la gestión y la impunidad a los ricos y a los políticos.

Pues bien, esto se ha hecho casi realidad gracias a la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (también llamada Ley Mordaza) que ha sido aprobada el pasado 11 de diciembre en el Congreso con el apoyo en solitario del PP y entrará en vigor si se aprueba en el Senado.

Esta ley es un conjunto de normas que se está llevando en paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter leve, grave o muy grave. De esta forma se limita el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, porque el ciudadano afectado tendrá primero que agotar la vía administrativa y luego recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa que está sujeta al pago de tasas judiciales. Esas tasas, establecidas por el actual Gobierno, no existen en la vía penal y, por tanto, no se pagaban en los juicios de faltas que ahora se convierten en sanciones administrativas; es decir, se ponen más trabas a la hora de denunciar ya que ahora se tendrá que ir por la vía administrativa y luego por la jurisdicción contencioso-administrativo en las cuales —¡Oh, sorpresa!— hay que pagar las famosas tasas judiciales.

Pero lo mejor de todo, sin duda, no es el hecho de pagar para obtener justicia —eso ya lo asumimos hace mucho—, lo mejor es que ahora manifestarse alrededor del Congreso, el Senado, en asambleas legislativas de las comunidades autónomas o protestar con escaladas en edificios públicos, entre otros, serán conductas "sancionables" con hasta 600.000€. Y después de pagar eso, ve ahorrando para el juicio...

Pero antes de entrar a comentar todo lo que es la Ley Mordaza, vamos a ver cuáles son los puntos principales:

•   Las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal; es decir, eran sancionadas con intervención judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas en las que solo hay intervención judicial a posteriori.

• Las faltas muy graves se sancionarán con entre 30.0001 euros a 600.000 euros; las graves con entre 601 euros y 30.000 euros y las leves con entre 100 y 600 euros.

• Se da mayor valor probatorio a las denuncias de las Fuerzas de Seguridad: “Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”.

• Se regulan nuevas conductas como usar un láser contra un piloto de aviones o un conductor en la carretera.

• Se considera falta grave “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”.

• También “La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial”.

• “El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares”.

• Serán faltas leves: “Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”.

• “La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal”.

• “Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada”.

• “El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”.

• Devoluciones en caliente de inmigrantes: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

(Tabla sacada de El País)

¿Qué? Restrictivo, ¿verdad? Cierto que hay cosas que tienen toda la lógica del mundo (como lo referente a los láseres, consumir drogas en lugares públicos, etc.) pero hay otras que pueden ser equiparables con las normas anti-protestas de muchos regímenes dictatoriales.

Desde la Unión Europea ya le han dado un tirón de orejas al Gobierno y ha dicho que la ley le parece "desproporcionada" pero la cosa no se queda ahí: Nils Muiznieks, Comisario de la Unión Europa de Derechos Humanos, asegura que "España está intentado hacer ilegal, lo legal". Guau. Al parecer los ciudadanos no somos los únicos que lo notamos...

Vosotros, ingenuos, os diréis que el Gobierno ha hecho la ley con toda su buena fe, que somos unos exagerados y que en parte tiene razón. Ay, pequeños corderitos, el PP apuesta fuerte por la baza del miedo y con las elecciones a la vuelta de la esquina quiere tener todo atado y bien atado. Así, mientras defienden a capa y espada a la Infanta, dan buena imagen de lo que se han cargado, contradicen a la oposición y hacen alarde de estupidez al recriminar que no se puede hacer y decir una cosa en la oposición y hacer otra cuando se gobierna (claro, sólo aplicable a los demás, faltaría más), nos meten de tapadillo una ley que les quita un dolor de cabeza y nos hace retroceder treinta años por lo menos.

Ya es lamentable que nos quiten la educación, la sanidad y la justicia como para que encima nos quiten la libertad de manifestarnos. Joder, que se supone que somos un país democrático de derecho donde la soberanía la tiene el pueblo. Según el artículo 92 de la Constitución española "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos"; visto queda que el "podrán" se lo saltan a la torera pero bueno...

Se supone que la soberanía está en el pueblo y que ésta elige a sus representantes en las urnas. Los representantes tienen que velar por los intereses de los ciudadanos, que para algo los han elegido, pero, ¿qué instrumentos tenemos los ciudadanos para parar leyes injustas? Ninguna. Si por lo menos nos ofrecieran la posibilidad de votar en un referéndum y le hicieran caso, sería otra historia.

Pero centrándonos en la Ley Mordaza, ya no sólo será delito ir a manifestaciones que los importantes consideren ilegales, si no también grabar a la policía (quien tendrá la impunidad de "sustraer" los aparatos con los que hayan sido fotografiados o grabados aunque en ellos se vea brutalidad policial), evitar desahucios, desobediencia o  resistencia a la autoridad (incluso resistencia pasiva) y, lo que más me gusta de todo, la palabra de un policía valdrá mucho más que la del ciudadano y permitirá actuar, en algunos casos, como juez -cargándose así la separación de poderes, porque ellos lo valen-.

Todo muy democrático y para nada represivo, ¿a qué sí? Pues esperar a oír lo siguiente: las devoluciones en caliente serán legales. Vaya, parece ser que antes no lo eran o por lo menos se llevaba a cabo y nadie hacia nada para evitarlo (a excepción, claro, de las ONGs).

En resumidas cuentas, esta Ley Mordaza se ha creado para coartar la libertad de manifestación, de expresión, de denuncia, de justicia y de amparo político. Ya no se conforman con destruir la sanidad, la justicia y la educación para tener borregos en vez de individuos que piensen y exijan derechos, a los que no se les pueda manipular, ahora también encima intentan criminalizar la calle, a las personas que luchan por lo que les han quitado o, simplemente, que intentan sobrevivir. España bulle por un cambio pero ellos están tan cómodos en sus sillones que prefieren mirar para otro lado mientras dan la orden de abrir fuego contra todos. Luego los demagogos somos nosotros.

 Lo gracioso de todo es cuando por su culpa, por su gestión nefasta y por su codicia nos mandan a todos al hoyo y, para salvarse, culpan a los ciudadanos, haciéndoles pagar algo que en teoría no es suyo y que luego regalaran a otros para beneficiarse ellos. Todo esto mientras dicen que hay que estar unidos y que los sacrificios son para todos, que hay que bajar los salarios a los curritos pero que ellos gozarán de los más altos. Simplemente no puedo llegar a entender cómo son capaces de causar tanto mal y seguir durmiendo bien.

Para terminar, a quién toda esta información le ha dejado alelao' y no se ha enterado bien qué derechos ha perdido, os dejo la siguiente imagen que he encontrado. En ella se ven las actividades que se consideran leves, graves y muy graves y sus respectivas multas:

(Imagen obtenida de DiagonalLibertades)