Ley de "seguridad" ciudadana o ley "prohibido expresar tu opinión, pobretón".

Ya se venía rumoreando desde hace algún tiempo —casi tres años—, desde las primeras manifestaciones del 15M, que tanto los ayuntamientos, gobiernos autonómicos y el gobierno central planeaban una nueva estratagema en forma de ley para tener controlados los focos de manifestaciones que se estaban y están dando en nuestro país; es decir, estaban intentando encontrar un remedio a su dolor de cabeza, a su mala publicidad e intentar acallar a un pueblo descontento por los recortes, la gestión y la impunidad a los ricos y a los políticos.

Pues bien, esto se ha hecho casi realidad gracias a la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (también llamada Ley Mordaza) que ha sido aprobada el pasado 11 de diciembre en el Congreso con el apoyo en solitario del PP y entrará en vigor si se aprueba en el Senado.

Esta ley es un conjunto de normas que se está llevando en paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter leve, grave o muy grave. De esta forma se limita el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, porque el ciudadano afectado tendrá primero que agotar la vía administrativa y luego recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa que está sujeta al pago de tasas judiciales. Esas tasas, establecidas por el actual Gobierno, no existen en la vía penal y, por tanto, no se pagaban en los juicios de faltas que ahora se convierten en sanciones administrativas; es decir, se ponen más trabas a la hora de denunciar ya que ahora se tendrá que ir por la vía administrativa y luego por la jurisdicción contencioso-administrativo en las cuales —¡Oh, sorpresa!— hay que pagar las famosas tasas judiciales.

Escraches, escraches everywhere.

¿Quién aquí no ha oído hablar de los famosos escraches? En el telediario están día sí y día también, por no nombrar a los políticos, que hablan de ellos sin reservarse sus opiniones sobre este tipo de manifestación. ¿Pero realmente sabemos lo que son los escraches? ¿Lo qué hacen o por qué lo hacen?

Según la Wikipedia (-¿qué haríamos sin ella?-) define el término escrache como un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Se trata de una palabra en jerga para referirse a un método de protesta basado en la acción directa, que tiene como fin que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública. En el caso de España, el reclamo de los escraches no es otro que los desahucios, las hipotecas abusivas y la vulnerabilidad de los ciudadano con respecto a los banco y su ley hipotecaria.

Entonces, si son sólo manifestaciones pacíficas, ¿por qué sueltan veneno de ellos en televisión? os estaréis preguntando, ¿no? Pues muy sencillo: los escraches están casi rozando el acoso, la coacción y la intimidación, según la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, quienes consideran delito este tipo de manifestaciones.

Resistencia pasiva y convocatorias en la red.

Yo no sé vosotros, pero a mí ésto me da mucho coraje y me pone de una mala hostia de cuidado. 

Llevo viviendo en España desde siempre, he visto de todo: desde mandarnos a una guerra que no era nuestra, hundirnos en la crisis, un atentado, miles y miles de manifestaciones, jóvenes luchando por sus derechos, acampadas en Sol y en media España y, sobre todo, leyes injusta donde las haya. Pero la nueva reforma del Código Penal que pretende sacar el Gobierno es digna de la mejor de las dictaduras. ¿No sabéis de qué os hablo? No os preocupen que voy a explicároslo.

Todo el mundo sabe que la resistencia pasiva es una de las forma de protesta no violentas más habituales y no sólo de nuestro tiempo, como la utilizada por el 15-M , sino también de tiempos pasados como los del  Mahatma Gandhi o Martin Luther King —quienes son considerados gente pacífica que reivindicaba por los Derechos Humanos de los ciudadanos de sus distintos países— y que es completamente inofensiva. Pues ahora podría considerarse un delito tras la inminente reforma del Código Penal que prepara el Gobierno de M. Rajoy que según ellos <<es la respuesta del Ejecutivo por los incidentes de violencia callejera vividos en los últimos tiempos>>. La intención de los Ministerios de Interior y Justicia (son ellos los que han preparado la reforma) es que se considere delito de atentado contra la autoridad la resistencia tanto activa (cuando se emplea la fuerza o la intimidación) como la pasiva (sentarse en el suelo o negarse a moverse) ante las Fuerzas de Seguridas, lo que podría conllevar penas de hasta seis años de prisión.

Por el interés te quiero Andrés..., ¿o era Indignado?

Pandilleros, vagos, camorrista y hasta terroristas. Todos estos preciosos adjetivos y más les sirvieron a los del PP para describir a las personas que formaban las protestas (Indignados).

Sí, todos hemos oído hablar de éste movimiento, además de haberlo mencionado en más de una ocasión, y como todos sabemos, las autoridades (entiéndase presidentes de comunidades y de provincias), sobre todo las del PP, se han cebado de una forma bestial con el movimiento pacífico. Primero fue la Ley del Hielo (ni te veo, ni te escucho y paso de tu persona), después vino la fuerza bruta (desalojos de plazas argumentando falta de higiene), a continuación las denominadas "propuestas de ley" (comúnmente llamado "si no puedo contigo te denuncio") y por último lo que todos sabemos: los insultos, calificativos despectivos y las conspiraciones, inventadas por nuestra amada Aguirre, para que pensásemos que los Indignados intentaban amañar las elecciones y a la opinión pública para que perdiera el Partido Popular.