Ley de "seguridad" ciudadana o ley "prohibido expresar tu opinión, pobretón".

Ya se venía rumoreando desde hace algún tiempo —casi tres años—, desde las primeras manifestaciones del 15M, que tanto los ayuntamientos, gobiernos autonómicos y el gobierno central planeaban una nueva estratagema en forma de ley para tener controlados los focos de manifestaciones que se estaban y están dando en nuestro país; es decir, estaban intentando encontrar un remedio a su dolor de cabeza, a su mala publicidad e intentar acallar a un pueblo descontento por los recortes, la gestión y la impunidad a los ricos y a los políticos.

Pues bien, esto se ha hecho casi realidad gracias a la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (también llamada Ley Mordaza) que ha sido aprobada el pasado 11 de diciembre en el Congreso con el apoyo en solitario del PP y entrará en vigor si se aprueba en el Senado.

Esta ley es un conjunto de normas que se está llevando en paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter leve, grave o muy grave. De esta forma se limita el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, porque el ciudadano afectado tendrá primero que agotar la vía administrativa y luego recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa que está sujeta al pago de tasas judiciales. Esas tasas, establecidas por el actual Gobierno, no existen en la vía penal y, por tanto, no se pagaban en los juicios de faltas que ahora se convierten en sanciones administrativas; es decir, se ponen más trabas a la hora de denunciar ya que ahora se tendrá que ir por la vía administrativa y luego por la jurisdicción contencioso-administrativo en las cuales —¡Oh, sorpresa!— hay que pagar las famosas tasas judiciales.

Ciudadanos de un lugar llamado mundo. Parte I

Ucrania, Venezuela, Siria, Egipto y otros muchos más países tienen algo en común, algo que les hace grandes y a la vez trae la muerte a sus vidas: la unión del pueblo para pedir cuentas a sus gobernantes. En estos países, los ciudadanos se han puesto de acuerdo para salir a la calle y exigir a los que dicen que velan por ellos lo que les prometieron o, simple y llanamente, la paz y la justicia que se merecen; a cambio, el poder del país ha contestado a sus protestas con represión, negativas y antidisturbios. Todo muy democrático, ¿verdad?

En pleno siglo XXI me asusta pensar que esos mismos que aclaman a la libertad, a la justicia, a la igualdad y al poder de la decisión del ciudadano sobre el país, comúnmente llamado democracia, son esos mismos que cuando las personas de a pie están descontentas con su gestión o sus acciones, son los primeros en acabar con el derecho de manifestación y tachar como sublevados, antipatriotas, fascistas, terroristas o busca pleitos a esos ciudadanos que sólo piden lo que es suyo. Bueno, lo peor de todo no es cuando tachan a los ciudadanos a los cuales gracias a sus votos están en el poder y a que se deben, lo peor es cuando tachan el derecho que los otros imploran de demagogo, antinatural o de estar politizado -já, como si pedir la igualdad entre clases, sexos o religiones fuera idea del mismísimo Lúcifer-.

Escraches, escraches everywhere.

¿Quién aquí no ha oído hablar de los famosos escraches? En el telediario están día sí y día también, por no nombrar a los políticos, que hablan de ellos sin reservarse sus opiniones sobre este tipo de manifestación. ¿Pero realmente sabemos lo que son los escraches? ¿Lo qué hacen o por qué lo hacen?

Según la Wikipedia (-¿qué haríamos sin ella?-) define el término escrache como un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Se trata de una palabra en jerga para referirse a un método de protesta basado en la acción directa, que tiene como fin que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública. En el caso de España, el reclamo de los escraches no es otro que los desahucios, las hipotecas abusivas y la vulnerabilidad de los ciudadano con respecto a los banco y su ley hipotecaria.

Entonces, si son sólo manifestaciones pacíficas, ¿por qué sueltan veneno de ellos en televisión? os estaréis preguntando, ¿no? Pues muy sencillo: los escraches están casi rozando el acoso, la coacción y la intimidación, según la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, quienes consideran delito este tipo de manifestaciones.

De género idiota.

De unas semanas a esta parte, han sucedido varias cosas importantes que pueden que cambien el rumbo de la política y del país.

El 31 de enero de 2013, en el periódico el País publicó un documento que ha terminado de sepultar al partido gobernante en España. El PP, desde hace ya varios años (con la trama Gürtel), se estaba llenando de gloria por todos los concejales, militantes y altos cargos que están o estaban defraudando a Hacienda o, simplemente, robando a los ciudadanos. Desde Camps a Barberá, pasando por el exmarido de Ana Mato a la propia Aguirre, pero lo que publicó el País el otro día fue la hecatombe de la desvergüenza y la desfachatez.

 Resulta que Bárcenas, extesorero del PP, puso en circulación en el año 1994 (más o menos) unos sobresueldos dirigidos a la cúpula del partido mencionado. Cuando éste señor tan majo que regalaba dinero a todo hijo de vecino fue sustituido por A. Cascos y, después de éste, por Griñan se desvinculó del partido pero sus sucesores siguieron sus pasos y, con la misma cantinela que Bárcenas, dieron dinero en "B" a quién les pareció oportuno. Cuando Cospedal se dio cuenta de está practica ilegal lo paró mas fue demasiado tarde para algunos porque el impulsor de esta trama (Bárcenas) tenía una libreta con las entradas de dinero que les daban las empresas como extorsiones o "ayudas" y las salidas de adónde iba a parar el dinero.