Resistencia pasiva y convocatorias en la red.

Yo no sé vosotros, pero a mí ésto me da mucho coraje y me pone de una mala hostia de cuidado. 

Llevo viviendo en España desde siempre, he visto de todo: desde mandarnos a una guerra que no era nuestra, hundirnos en la crisis, un atentado, miles y miles de manifestaciones, jóvenes luchando por sus derechos, acampadas en Sol y en media España y, sobre todo, leyes injusta donde las haya. Pero la nueva reforma del Código Penal que pretende sacar el Gobierno es digna de la mejor de las dictaduras. ¿No sabéis de qué os hablo? No os preocupen que voy a explicároslo.

Todo el mundo sabe que la resistencia pasiva es una de las forma de protesta no violentas más habituales y no sólo de nuestro tiempo, como la utilizada por el 15-M , sino también de tiempos pasados como los del  Mahatma Gandhi o Martin Luther King —quienes son considerados gente pacífica que reivindicaba por los Derechos Humanos de los ciudadanos de sus distintos países— y que es completamente inofensiva. Pues ahora podría considerarse un delito tras la inminente reforma del Código Penal que prepara el Gobierno de M. Rajoy que según ellos <<es la respuesta del Ejecutivo por los incidentes de violencia callejera vividos en los últimos tiempos>>. La intención de los Ministerios de Interior y Justicia (son ellos los que han preparado la reforma) es que se considere delito de atentado contra la autoridad la resistencia tanto activa (cuando se emplea la fuerza o la intimidación) como la pasiva (sentarse en el suelo o negarse a moverse) ante las Fuerzas de Seguridas, lo que podría conllevar penas de hasta seis años de prisión.

Pero esto no termina aquí, no señores, convocar concentraciones violentas —a saber que consideran ellos violento— por cualquier medio, incluso por las redes sociales (Twitter, Tuenti, Facebook, MySpace, etc), será considerado como delito de integración en organización criminal. Es decir que se podrá acusar de este delito como si de una banda de narcotraficante, de chulos trabajando con tráfico de personas o de ladrones de bancos se tratara. Las palabras textuales de Fernández Díaz fueron: <<[...] a aquellos vándalos que integran grupos más o menos estables con un reparto de funciones para delinquir [...]. Nos parece fundamental hacer frente a estos movimientos que actúan de forma concertada y con técnicas de guerrilla callejera incluir como delito de  integración en organización criminal acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que con tal fin se concierten por cualquier medio de comunicación.>>

Pero como os esperabais ésto no es ni de lejos lo último de la reforma. También se prevé introducir entre las modalidades de acontecimientos —ataque violento contra la autoridad (policías)— las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos. Además se considerará como agravante el hecho de que estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones, y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos.

En esta línea, la reforma del Código Penal pretende ampliar la cuantía de los daños no sólo a los que se produzcan en los establecimientos anteriormente mencionados, sino también  los que deriven de la interrupción de cualquier servicio público (como paralizar los comercios cuando haya una huelga general).

La polémica reforma llegó a las redes sociales en un santiamén y los usuarios de Twitter estaban que echaban humo por las orejas. Varios de los muchos tweet rezaba que si Ganhi y King pisaban España serían considerados terroristas y que criminalizar las protestas de los ciudadanos era una estrategia del Gobierno para apaciguar a los mercados, otros se preguntaban hasta dónde era considerada violenta una convocatoria por Internet y tachaban al Ejecutivos de subjetivos y de dictatoriales. Muchos otro hacían mención a la diferente vara de medir que tenía la ley en lo referente a los políticos y a los ciudadanos: mientras que los primeros podían robar y salir indemnes sin ir a la cárcel o pagar un sólo euro, los segundos, por quemar un simple contenedor, eran enviados a la cárcel pagando multas.

Los políticos tampoco se quedaron callados e hicieron referencia a la nueva reforma como "injusta", "típica de una dictadura" y de poner a España en una situación de "retroceso social". Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida, acusó al Gobierno de pretender <<criminalizar el enorme rechazo social que están generando las propuestas de recortes>>. Según Sixto <<es retroceder a tiempos pasados y lejanos, cuando todavía se permitía un régimen dictatorial en España>>.